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b'La pretensi\xf3n indemnizatoria que los ciudadanos reclaman mediante los Tribunales a la administraci\xf3n, en su calidad de poder p\xfablico, derivado del ejercicio de actuaciones administrativas generadas en potestades de Derecho administrativo cuenta con un lugar reducido en el an\xe1lisis de esta disciplina estatutaria atendiendo al fuerte impacto de la procesal visi\xf3n anulatoria de las decisiones administrativas expuesta en la historia del proceso contencioso - administrativo as\xed como a la honda necesidad de entender, como residual, la posibilidad de producir da\xf1os al particular en el ejercicio del inter\xe9s p\xfablico. Estas dos abrumadoras realidades son las que, desde hace mucho tiempo, impiden que se asimile que resulta posible enjuiciar, en sede del proceso contencioso -administrativo, a los poderes p\xfablicos aun cuando, en el sano ejercicio de la actividad administrativa, se puedan producir da\xf1os a los administrados: ante tal peso formidable, para no dejar en estado de incertidumbre al potencial -ante la impronta de validez presunta de la actividad administrativa- afectado, no resulta sorpresivo que el Derecho civil haya tenido que asumir la posta produci\xe9ndose una mixtura donde la figura jur\xeddica de la responsabilidad extracontractual llena este aparente vac\xedo aun cuando la instituci\xf3n del da\xf1o no proviene de la actividad de los particulares sino, antes bien, de las organizaciones jur\xeddico - p\xfablicas.LUIS ALBERTO HUAM\xc1N ORD\xd3\xd1EZ'