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La pretensión indemnizatoria que los ciudadanos reclaman mediante los Tribunales a la administración, en su calidad de poder público, derivado del ejercicio de actuaciones administrativas generadas en potestades de Derecho administrativo cuenta con un lugar reducido en el análisis de esta disciplina estatutaria atendiendo al fuerte impacto de la procesal visión anulatoria de las decisiones administrativas expuesta en la historia del proceso contencioso - administrativo así como a la honda necesidad de entender, como residual, la posibilidad de producir daños al particular en el ejercicio del interés público. Estas dos abrumadoras realidades son las que, desde hace mucho tiempo, impiden que se asimile que resulta posible enjuiciar, en sede del proceso contencioso -administrativo, a los poderes públicos aun cuando, en el sano ejercicio de la actividad administrativa, se puedan producir daños a los administrados: ante tal peso formidable, para no dejar en estado de incertidumbre al potencial -ante la impronta de validez presunta de la actividad administrativa- afectado, no resulta sorpresivo que el Derecho civil haya tenido que asumir la posta produciéndose una mixtura donde la figura jurídica de la responsabilidad extracontractual llena este aparente vacío aun cuando la institución del daño no proviene de la actividad de los particulares sino, antes bien, de las organizaciones jurídico - públicas.LUIS ALBERTO HUAMÁN ORDÓÑEZ