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b'Al momento de hacer referencia a la tutela efectiva de derechos y concretamente al encuadrar \xe9sta en el derecho procesal administrativo, pareciera reiterarse a lo largo del tiempo un debate respecto a la posibilidad de exigir a la Administraci\xf3n el cumplimiento de lo ordenado por el Poder Judicial, ello no solo desde la perspectiva del principio de separaci\xf3n de poderes, sino igualmente en atenci\xf3n a los fines que persigue el Ejecutivo en pro del Inter\xe9s general y que han servido de base para la creaci\xf3n de privilegios procesales y en definitiva, para que este se escude y exima del cumplimiento de lo decidido, al menos de forma expedita y en los t\xe9rminos del fallo. As\xed, el objetivo esencial de este estudio ser\xe1 determinar cu\xe1les son los l\xedmites de la funci\xf3n jurisdiccional frente a la Administraci\xf3n, adem\xe1s de examinar hasta qu\xe9 punto el derecho procesal administrativo resulta un conjunto de mecanismos judiciales efectivos para el ciudadano.Resulta oportuno analizar hasta qu\xe9 punto la analizar hasta qu\xe9 punto la autonom\xeda de una de las ramas esenciales del Poder P\xfablico, esto es el Poder Judicial, puede ver disminuida su actuaci\xf3n y fin, ante la Administraci\xf3n P\xfablica. Del mismo modo, la justificaci\xf3n al r\xe9gimen de prerrogativas procesales del Estado, debe ser analizada desde un punto de vista restrictivo, con el objeto de lograr, por una parte, la satisfacci\xf3n de los servicios esenciales, y, por otra, procurar igualmente la satisfacci\xf3n del servicio de justicia, que para muchos debe ser entendida como servicio p\xfablico.ALEJANDRO GALLOTTI'