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La penal es, en la opinión, la Administración de Justicia por antonomasia. El nombre sugiere una tensión positiva hacia la realización de este noble principio moral, hoy nuclear del estado constitucional. Pero en nuestras sociedades, tan desiguales, la labor de esa instancia acusa intensamente la presión del estado de cosas, dirigida en exclusiva a su mantenimiento. Y tal es lo que, con frecuencia, hace del aparato judicial un factor objetivamente funcional a la conservación del statu quo en sus constantes e, incluso, un eficaz dispositivo multiplicador y de refuerzo de la exclusión social.