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b'"En todos los ordenamientos jur\xeddicos contempor\xe1neos en el marco del Estado de Derecho, en mayor o menor grado, las actividadesque los particulares tienen derecho a realizar conforme a la libertad individual y econ\xf3mica garantizada en la Constituci\xf3n, con frecuencia est\xe1 sujeta a limitaciones impuestas por las leyes por razones de inter\xe9s general, someti\xe9ndolas, entre otros requisitos, la obtenci\xf3n previa por aquellos, de alguna autorizaci\xf3n, licencia, permiso o registro administrativo por parte de la Administraci\xf3n del Estado.\nSin embargo, con frecuencia, la Administraci\xf3n no siempre decide las peticiones que se le formulan, teniendo que enfrentarse los peticionarios con una situaci\xf3n de inactividad, de silencio o de omisi\xf3n por parte de la Administraci\xf3n, quedando el ejercicio de sus actividades, que tienen derecho a realizar, en suspenso.Para remediar esta situaci\xf3n, y como garant\xeda de los derechos de los administrados, los ordenamientos jur\xeddicos han establecido la presunci\xf3n de considerar como decidida las peticiones una vez que el plazo establecido para la respuesta oportuna ha vencido, garantiz\xe1ndosele as\xed el derecho al interesado de poder defenderse ejerciendo un recurso administrativo o contencioso administrativo contra el acto administrativo t\xe1cito derivado del silencio negativo. Ese beneficio, en todo caso, solo se establece a favor del administrado y no de la Administraci\xf3n, la cual por el transcurso del plazo no deja de estar obligada a decidir.\nEn otros casos, para proteger los derechos de los particulares, los ordenamientos jur\xeddicos le han atribuido efectos positivos al silencio de la Administraci\xf3n, consider\xe1ndose que con el transcurso de lapso dispuesto para que la Administraci\xf3n decida, sin que la misma se haya pronunciado, se considera que la petici\xf3n formulada ha sido otorgada".\nAllan R. Brewer-Car\xedas.'