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b'Uno de los problemas usuales en Colombia, a la hora de abordar el estudio cient\xedfico del Derecho penal, tanto general como especial, consiste en advertir la separaci\xf3n, por cierto, muy peligrosa, que se da entre la pr\xe1ctica de la Corte Suprema de Justicia y los Tribunales o jueces y la academia o la doctrina nacional. Un divorcio que se alimenta de la indiferencia de unos y otros, cuando no de una franca actitud hostil, que tiene consecuencias tanto diversas como imprevisibles en la construcci\xf3n del Derecho Penal nacional y, desde luego, en la ense\xf1anza de las ciencias penales. As\xed, por ejemplo, desde el punto de vista de la judicatura, la falta de sinton\xeda hace imposible, por regla general, resolver con mayor solidez jur\xeddica ciertos problemas o casos respecto de los cuales la doctrina ya ha propuesto soluciones innovadoras o claras, tanto desde una perspectiva dogm\xe1tica como pol\xedtico-criminal; hacer expl\xedcita la aplicaci\xf3n de determinadas instituciones o teor\xedas jur\xeddicas, sin incurrir en errores o falacias; tener diversas opciones a la hora de interpretar las normas jur\xeddico-penales y, en todo caso, hacer m\xe1s segura, argumentada, regular e igualitaria la aplicaci\xf3n del derecho positivo y la construcci\xf3n de la doctrina jurisprudencial. De parte de la academia, es evidente que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia es una herramienta fundamental para acercar la realidad y la pr\xe1ctica de los tribunales a las aulas de clase y al ejercicio profesional, por lo cual, la academia sin la jurisprudencia termina por dedicarse a una construcci\xf3n abstracta del derecho que le impide generar propuestas realistas e innovadoras para el entorno cultural en el que debe producir nuevo conocimiento, esto es, hacer academia. Ambas, pues, son necesarias para revitalizar el derecho colombiano, como un derecho vivo y ajustado a la experiencia.'