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El desplazamiento forzado, sufrido por aproximadamente dos millones quinientos mil colombianos, es un flagelo pues atenta contra la convivencia pacífica del tejido social de Colombia, si se tiene en cuenta que este fenómeno es sinónimo de desolación y sufrimiento para las víctimas directas e indirectas que lo padecen. En él, la razón humana parece escabullirse por los laberintos de la intolerancia e inconciencia de los actos de quienes propician, fomentan y, en algunos casos, se lucran con dicho comportamiento criminal. Estas razones son sufucientes para investigar el comportamiento que ha asumido la Corte Constitucional colombiana, como garante de los derechos fundamentales.