Libro disponible en 5 dias hábiles.

b'La primera edici\xf3n de esta obra vio la luz en el a\xf1o 1999, desde entonces la doctrina de la prueba il\xedcita en nuestro proceso penal ha sufrido importantes modificaciones sustanciales como consecuencia del desarrollo de la teor\xeda de la conexi\xf3n de antijuridicidad formulada por el T.C. en su sentencia 81/1998 y desarrollada en numerosos pronunciamientos posteriores.Nuestro T.C., a diferencia de la jurisprudencia norteamericana, no se ha decantado por la admisi\xf3n y desarrollo de singulares excepciones al reconocimiento de efectos reflejos, sino por la creaci\xf3n de una doctrina de perfiles y contornos muy difusos, que convierte en excepcional lo que deber\xeda ser regla general. La excesiva permeabilidad de la teor\xeda de la conexi\xf3n de antijuridicidad ha posibilitado que se cuestione la propia aplicaci\xf3n de la regla de exclusi\xf3n de las pruebas il\xedcitas en el proceso penal. En este contexto nuestro T.C. ha dado carta de naturaleza a la excepci\xf3n de la buena fe, tomando como referente la good faith exception de la jurisprudencia norteamericana, admitiendo, en definitiva, la utilizaci\xf3n en el proceso penal de pruebas obtenidas directamente con violaci\xf3n de derechos fundamentales.A la luz de esta nueva doctrina ya no podemos afirmar con car\xe1cter absoluto que las pruebas obtenidas con vulneraci\xf3n de derechos fundamentales ser\xe1n inutilizables en nuestro proceso penal, pues existir\xe1n supuestos en que el propio T.C. admite que puedan ser objeto de valoraci\xf3n por parte del \xf3rgano sentenciador. Estamos ante un verdadero proceso de norteamericanizaci\xf3n de nuestra regla de exclusi\xf3n de las pruebas il\xedcitas. La doctrina de la conexi\xf3n de antijuridicidad ha producido, de hecho, en nuestro ordenamiento jur\xeddico un fen\xf3meno de progresiva desconstitucionalizaci\xf3n de la regla de exclusi\xf3n. \xc9sta ha perdido su configuraci\xf3n inicial como garant\xeda constitucional de naturaleza procesal, convirti\xe9ndose en un mero remedio procesal, por la v\xeda de fundamentar su aplicaci\xf3n, con car\xe1cter principal, en la eficacia disuasoria de actuaciones il\xedcitas (deterrent effect), en l\xednea con el camino seguido por el Tribunal Supremo Federal norteamericano.La obra est\xe1 divida en tres partes. La primera dedicada al an\xe1lisis del concepto de prueba il\xedcita y sus clases, tanto desde la \xf3ptica doctrinal como jurisprudencial. La segunda parte aborda el complejo tema de las consecuencias jur\xeddicos-procesales de la ilicitud probatoria, centr\xe1ndose en el significado que debe darse a la inutilizabilidad de las pruebas il\xedcitas y sus efectos. En este apartado se dedica especial atenci\xf3n a los efectos psicol\xf3gicos de las pruebas il\xedcitas y a sus efectos reflejos (?doctrina de los frutos del \xe1rbol prohibido?). En la \xfaltima parte se pasa revista a los diferentes mecanismos de control de la prueba il\xedcita en nuestro proceso penal seg\xfan el tipo de procedimiento en que se plantea la ilicitud: procedimiento ordinario, abreviado, Jurado...'