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La ejecución de la pena por mucho tiempo se mantuvo exenta de un control judicial especializado, desvirtuando el progreso alcanzado en las etapas anteriores del procedimiento en sistemas penales de corte acusatorio.La judicialización de la ejecución penal, de la mano del surgimiento del órgano jurisdiccional encargado de la ejecución de sanciones, trae consigo un mayor respeto de las garantías constitucionales durante el cumplimiento de las penas impuestas a los sentenciados, así como la posibilidad de que dichas personas privadas de libertad puedan acceder a los beneficios legislados los cuales están orientados a reintegrarlos a la sociedad.Estos cambios han puesto en la mesa de discusión temas relevantes como la ejecución de sanciones de adolescentes, de mujeres, la necesidad de modelos de intervención psico-social durante la ejecución de la pena, el respeto a derechos humanos y la prohibición de la tortura, entre otros.La presente obra expone las disertaciones que han realizado investigadores sobre el ius puniendi, las cuales se exploran desde las esferas jurídica, social y psicológica, enriqueciendo los estudios existentes sobre la materia.