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Dentro del conjunto de bienes jurídicos susceptibles de protección en el nuevo entorno constitucional, el derecho al agua ocupa un lugar preponderante.Como bien se indica por el autor, el establecimiento de ese específico derecho en nuestro ordenamiento se deriva de su reconocimiento por la comunidad internacional, que lo ha incluido dentro del catálogo de derechos económicos, sociales y culturales del hombre, así como en diferentes pactos y convenios internacionales sobre derechos humanos, de todo lo cual se da cuenta en la obra.Se hace notar cómo el derecho al agua puede considerarse incluido ya en el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, a partir, puntualmente, de sus artículos 11 y 12, tal y como se puso de presente por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidasórgano que ejecuta y hace cumplir la normatividad del pacto, en su observación número décimo quinta denominada, precisamente El derecho al agua.Luis Guillermo Guerrero PérezPresidente de la Corte Constitucionalde Colombia (2017-01-01-2018-01-01)