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La recta y precisa determinación de la relación jurídica que media entre la acción penal y la acción civil, derivadas del mismo hecho, y, por consiguiente, la definición de las normas que regulan el ejercicio de la segunda en presencia de la primera, ha constituido siempre uno de los más difíciles problemas del derecho judicial; ni la lenta elaboración que ha preparado y producido las disposiciones vigentes en la ley italiana nos atrevemos a afirmar que haya sido completa y agotadora en el sentido de haber proveído por modo racional a todos los aspectos del gravísimo problema. Si la importancia de un estudio cuidadoso y atento, aparece, prima facie, con la sola enunciación del tema, no podría negársele, en todo caso, el mérito de la actualidad, en este período de gestación de un nuevo código procesal, y, tanto más, cuando un proyecto recientemente publicado no ha tenido suficientemente en cuenta, a nuestro parecer, multiplicidad de cuestiones concernientes al asunto, para resolverlas con criterio seguro y con disposiciones bien coordinadas.ARISTO MORTARA