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En el año 2018 se cumplen cuarenta años de la entrada en vigor de la Constitución Española. En estas cuatro décadas, España se ha visto beneficiada por los innegables e innumerables aciertos de nuestro texto constitucional, pero también han salido a la luz algunas deficiencias y problemas. En algunos casos, a resultas del mero paso del tiempo y de la necesidad de adaptar las normas a la realidad social. En otros, fruto de la experiencia y de la constatación de errores que quizá no se pudieron percibir cuando se redactó el texto. Pero el hecho cierto es que, si se quiere defender nuestro modelo constitucional, además de alabar los aciertos, se deben enmendar los defectos. En casi medio siglo, las generaciones cambian, las sociedades se transforman y, en general, todo evoluciona. Una Constitución también debe dar respuesta en este siglo XXI como la dio en el XX. [] Más allá de los evidentes problemas que en estos momentos suscita el movimiento independentista en Cataluña, lo cierto es que tras cuarenta años se hace necesario arrojar luz sobre el laberinto en que se ha convertido la distribución de competencias entre la Administración estatal y la autonómica, así como mejorar notablemente los mecanismos de cohesión, coordinación, financiación y control entre ambas Administraciones.