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El problema de hasta qué punto puede afectar a los contratos obligatorios pendientes, esto es, no cumplidos por ambas partes en su totalidad, por ejemplo, a contratos de suministro a largo plazo, a contratos de arrendamiento de uso y de uso y disfrute, o a relaciones de participación semejantes a la sociedad, una modificación fundamental, no prevista por los interesados, de las circunstancias económicas, sociales y políticas, ha preocupado extensamente a la jurisprudencia alemana (al igual que a la de otros países europeos) después de la primera guerra mundial. Debido a que el Código civil alemán no soluciona específicamente estos problemas, la jurisprudencia alemana se ha esforzado durante la primera guerra mundial y después de ésta por lograr sentencias objetivamente justas, en un principio mediante una interpretación extensiva del concepto de imposibilidad de la prestación del §275 del Código civil (es decir, de la denominada «imposibilidad económica»); posteriormente, mediante la «interpretación integradora del contrato» (§157 del C. c.), y, finalmente, mediante la aplicación inmediata del principio de la «Buena fe» expresado en el § 242 del Código civil. A través de la obra de Paul Oertmann, aparecida en 1921, sobre la «base del negocio», cuyas ideas fueron rápidamente aceptadas, estos esfuerzos alcanzaron tanto una fórmula con arreglo a la cual han sido familiares desde entonces a los juristas alemanes, como el firme fundamento de una «teoría» metódica que determinaba de modo preciso el supuesto de hecho y las consecuencias jurídicas.