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b'Si el titular de un bien inmueble es privado del mismo por v\xeda de hecho o acto arbitrario de una Administraci\xf3n P\xfablica sin indemnizaci\xf3n, en Francia tendr\xe1 la certidumbre de acudir a un Tribunal Civil, en Alemania tendr\xe1 la certidumbre de acudir a un Tribunal Contencioso-Administrativo, y en Espa\xf1a, como en Alemania antes de la Ley de 1960, tendr\xe1 la incertidumbre de a cu\xe1l de los dos Tribunales acudir, y en ambos casos podr\xe1 recibir cualquier tipo de resoluci\xf3n; situaci\xf3n de gran inseguridad jur\xeddica de las leyes procesales internas que viola los derechos fundamentales europeos a un Tribunal y a un plazo razonable y, por ende, a un juicio justo.Esta obra reproduce documentalmente demandas, pruebas, sentencias, y dem\xe1s tr\xe1mites esenciales ante un hecho concreto, poniendo de manifiesto la vulnerabilidad ciudadana ante la Administraci\xf3n.El contenido del libro se corresponde con el escrito presentado al Parlamento Europeo, en fecha 10 de diciembre de 2015, en ejercicio del derecho fundamental de petici\xf3n, y con la totalidad de la documentaci\xf3n acompa\xf1ada al mismo. En \xe9l se reproduce toda la informaci\xf3n esencial que acredita la alegaci\xf3n de manifiestamente arbitraria dejaci\xf3n de funciones de todos los poderes p\xfablicos, en la que quedan retratados en su proceder, paso a paso, todos los intervinientes: El Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe (Huesca), la jurisdicci\xf3n contencioso-administrativa, la jurisdicci\xf3n civil, -especialmente la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo- el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ninguno de ellos lleg\xf3 ni tan siquiera a determinar la jurisdicci\xf3n competente en Espa\xf1a en casos de v\xedas de hecho o actos arbitrarios de las Administraciones P\xfablicas, si la civil o la contencioso-administrativa.Frente a esa verdad, s\xf3lo queda la denuncia democr\xe1tica, doctrinal (de los juristas, en especial los constitucionalistas, los procesalistas, los civilistas y los administrativistas) y ciudadana, para impulsar la voluntad de los poderes p\xfablicos, legislativos y judiciales, espa\xf1oles y europeos, hacia una sociedad con una mayor seguridad jur\xeddica y ?por tanto- social y econ\xf3micamente m\xe1s avanzada.ENRIQUE GARC\xcdA PONSTitulado en Periodismo y en Derecho, y Doctor cum laude en Derecho Constitucional y Ciencia Pol\xedtica por la Universidad de Barcelona.En el \xe1mbito de la comunicaci\xf3n ejerci\xf3 como redactor de Catalunya Express, redactor y director de Rep\xf3rter, director de Primera Plana; colabor\xf3 en diversos medios, entre ellos Intervi\xfa y Europa Press; y particip\xf3 activamente desde un primer momento en la puesta en marcha de El Peri\xf3dico de Catalunya y de la publicaci\xf3n gratuita Todo Barcelona.En el mundo del derecho desempe\xf1\xf3 m\xfaltiples actividades profesionales, como de abogado, de funcionario en el Ministerio de Hacienda y en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de t\xe9cnico en el Ayuntamiento de Badalona, de abogado en la Abogac\xeda del Estado en Barcelona, de juez en Badalona y Barcelona en cuatro jurisdicciones, y de magistrado en el Tribunal Superior de Justicia de Catalu\xf1a.Es autor de numerosos art\xedculos doctrinales y de varios libros, entre ellos Historia de la prensa badalonesa y Responsabilidad del Estado, la justicia y sus l\xedmites temporales.'