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Para empezar, se puede señalar que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) fue el primer instrumento internacional de carácter vinculante en definir un catálogo exclusivo de derechos civiles y políticos. Este pacto estableció tres derechos políticos para los individuos: la participación en la gestión de los asuntos públicos, la participación en elecciones mediante el voto y la candidatura, y el acceso a las funciones públicas. Estos derechos se agrupan en una categoría que busca garantizar las libertades públicas como forma de proteger al individuo frente al poder del Estado. En este caso, el sujeto pasivo de estos derechos políticos no es la persona humana, como ocurre con los derechos civiles, sino el ciudadano, y es responsabilidad del Estado no vulnerarlos mediante acciones u omisiones.